Las elecciones presidenciales en Brasil serán el 4 de octubre y la crisis del máximo tribunal del país ha marcado la campaña.
La fractura interna del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil quedó expuesta el pasado 15 de septiembre durante una sesión extraordinaria, tensa y llena de acusaciones mutuas. La reunión fue convocada para decidir si la corte abría una investigación contra el mediático juez Alexandre de Moraes (que lideró el proceso contra el exmandatario Jair Bolsonaro por trama golpista) por su relación con Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master.
Vorcaro fue acusado por la Policía Federal de estar al frente del mayor fraude financiero de Brasil y está en prisión preventiva desde el 4 de marzo de 2026.
Todo empezó a raíz de una filtración, el 1 de septiembre. André Mendonça, el juez nombrado por Jair Bolsonaro en 2021, levantó el secreto de un informe policial elaborado a partir de los datos extraídos del teléfono de Vorcaro.
Los jueces André Mendonça (izq) y Alexandre de Moraes, durante una sesión del Supremo Tribunal Federal celebrada el 2 de septiembre de 2026 en Brasilia
Los mensajes de WhatsApp, publicados en la prensa local, revelaron una relación de proximidad entre el banquero y el juez Moraes. También volvió a ser noticia un contrato de 131 millones de reales (24 millones de dólares) que el despacho de abogados de Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado, firmó con el Banco Master. Moraes defiende que no hay irregularidades y cuestionó la legalidad del informe, que para él se basa en fragmentos descontextualizados.
Mendonça, que era relator del caso Banco Master, pidió entonces que el pleno del Supremo decidiera si hay elementos para investigar a su colega, lo que abrió una guerra dentro del máximo tribunal de Brasil. La Fiscalía General de la República cuestionó la forma en que se había obtenido y utilizado la información, mientras que Moraes acusó a Mendonça de haber encargado de manera irregular informes de la Policía Federal para utilizarlos políticamente contra él.
Mendonça rechazó las acusaciones pero, al mismo tiempo, intentó alejar de su cargo al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. El ala progresista interpretó este movimiento como un intento de favorecer en las elecciones del 4 de octubre al candidato Flávio Bolsonaro, que está siendo investigado por la financiación de 'Dark Horse', un filme sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo.
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El 9 de septiembre, el juez Flávio Dino, nombrado por el presidente Lula, anuló la decisión de Mendonça de destituir al jefe de la Policía Federal. Acto seguido, el presidente del Supremo, Edson Fachin, intervino para intentar pacificar los ánimos, retiró a Mendonça la relatoría del caso relacionado con Moraes y lo asumió.
Pero, la crisis ya estaba servida. "Mendonça debilitó la figura de Lula al cesar al jefe de la Policía porque quien despide al director de la Policía Federal es el presidente de la República. Y Dino también debilitó a Lula porque colocó de nuevo al jefe de la Policía en su lugar. (…) Eso muestra la magnitud del problema de esta crisis institucional. Estamos pasando del hiper-presidencialismo, de la época en que el presidente de la República mandaba mucho, al hipo- presidencialismo. Es como si la figura del presidente del país se hubiese convertido en una especie de reina de Inglaterra", señala el comentarista político Octavio Guedes.
El pleno extraordinario del 15 de septiembre cristalizó la profunda fractura en la institución más atacada por el bolsonarismo, porque es considerada parcial especialmente por el juicio del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.
La corte no llegó a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, es decir, si había elementos suficientes para abrir formalmente una investigación contra Moraes. La razón es que el juez Dino pidió una vista para analizar el expediente, evitando de esta forma que la cuestión sea analizada en vísperas de unas reñidas elecciones presidenciales y parlamentarias.
La sesión, inédita en la historia de Brasil, dejó a la vista la imagen de un tribunal profundamente dividido: magistrados acusándose entre sí de actuar con motivaciones políticas, de manipular investigaciones, de intentar interferir en las elecciones y de utilizar a la Policía Federal con fines que excederían sus competencias.
El juez Gilmar Mendes acusó a Mendonça de actuar con un sesgo político-electoral y sostuvo que el procedimiento contra Moraes parecía diseñado para interferir en el calendario electoral. La discusión entre ambos terminó a gritos. Mendes calificó de "ligereza" la actuación de su colega y Mendonça le respondió indignado: "Me respeta".
El debate se desvió hacia una cuestión más profunda: si la eventual investigación contra Moraes debía analizarse al mismo tiempo que las acusaciones contra Mendonça. El resultado provisional de la votación fue de cuatro votos contra tres a favor de separar los dos procedimientos.
"El STF se ha convertido en uno de los principales escenarios de la confrontación política brasileña en los últimos años, situación que se intensificó notablemente tras el proceso judicial relacionado con el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, liderado por Alexandre de Moraes. El magistrado —quien desempeñaba su función como defensor de las instituciones, del proceso electoral legítimo y del enjuiciamiento de actos delictivos cometidos por algunos seguidores del expresidente Jair Bolsonaro— se situó en el centro de la polarización política, cada vez más extrema, que estamos presenciando", afirma el historiador Caio Rubini.
"[Tenemos] una Corte cada vez más política e involucrada en los asuntos del Legislativo y del Ejecutivo, con magistrados posiblemente implicados en tramas dudosas, en medio de una década de agudización de las tensiones entre las principales fuerzas políticas del país"
"[Este panorama] solo podía generar un reflejo de la propia sociedad: un Supremo dividido, que prefiere acusar a escuchar, que toma sus decisiones antes del juicio, abandonando la honestidad intelectual tan necesaria y urgente, tanto para este juicio como para los que vendrán", agrega.
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La sesión del STF estuvo precedida por una nueva oleada de filtraciones del celular de Vorcaro. Aparecieron menciones al entorno de otros jueces. El exdirector jurídico del Banco Master, Luiz Rennó, menciona pagos mensuales de 500.000 reales (unos 97.000 dólares) a Kevin Marques, hijo del juez Nunes Marques.
Las filtraciones también revelaron la proximidad de Vorcaro con personas del entorno del juez Luiz Fux, aunque las informaciones disponibles no demuestran que los magistrados hayan cometido irregularidades.
Un guardia de seguridad frente a la sede del Banco Master, tras la detención de su accionista controlante, el empresario Daniel Vorcaro, en São Paulo, Brasil. 18 de noviembre de 2025.
El teléfono de Vorcaro quita el sueño a políticos, jueces y empresarios. Según el diario 'O Globo', la Policía encontró 5.000 archivos comprometedores, como fotografías íntimas y material sexual explícito. Esto ayuda a explicar que la disputa sobre quién tiene acceso a este material y qué partes deben hacerse públicas se haya convertido en un frente de la guerra interna del Supremo. Mientras, algunos medios de comunicación ya tildan a Vorcaro de ser el "Epstein brasileño".
El senador y candidato a la Presidencia Flávio Bolsonaro ha aprovechado la crisis para colocar al Supremo en el centro de su campaña. Después de la tumultuosa sesión del 15 de septiembre, volvió a atacar a los jueces nombrados por Lula y anunció que, si gana las elecciones, nombrará a cinco jueces conservadores para modificar la composición del tribunal e incluso habló de sustituir a Alexandre de Moraes y Flávio Dino. Este discurso revela hasta qué punto la crisis judicial se ha convertido en un asunto electoral.
Su hermano Eduardo Bolsonaro fue todavía más lejos. Desde Estados Unidos, donde reside desde el año pasado, sugirió que el Supremo podría no reconocer una eventual victoria de Flávio Bolsonaro y aseguró que los magistrados podrían enfrentar nuevas sanciones por parte de EE. UU., que ya aplicó la Ley Magnitsky. Cabe destacar que esta acusación carece de pruebas.
Para el Gobierno de Lula, el problema es diferente. El presidente no controla el Supremo, pero varios de sus jueces fueron nombrados durante sus mandatos y el Gobierno teme que la crisis termine asociando su candidatura con una institución que atraviesa uno de sus momentos de mayor desgaste.
Los analistas citados por los medios brasileños coinciden en señalar que la crisis tiene un potencial electoral evidente, pero no se ponen de acuerdo sobre su efecto. Algunos sostienen que el conflicto fortalece el discurso de la derecha contra el Supremo y puede obligar al Gobierno a reorganizar su estrategia política. Otros consideran que, aunque el tema tenga gran repercusión en la campaña, todavía compite con otros asuntos —economía, seguridad, empleo, programas sociales y la propia evaluación del Gobierno— que tradicionalmente pesan más en una elección presidencial.
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La disputa sobre el Supremo no gira solamente alrededor de si Moraes debe ser investigado. También se ha convertido en una discusión sobre cuál debería ser el papel del Supremo después de las elecciones y hasta dónde puede llegar un futuro presidente en su intento de cambiar la composición de la corte.
De momento, todavía es pronto para saber hasta qué punto el conflicto en el Supremo está influyendo en la intención de voto. Según la encuesta Datafolha, realizada entre el 15 y el 17 de septiembre, el 38% cree que Lula podría verse perjudicado por el escándalo y el 31% citó a Flávio Bolsonaro. Además, el 47% de los entrevistados cree que la crisis del Supremo y el caso Banco Master tendrán alguna influencia sobre su voto para presidente.
Una imagen combinada muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda), en una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 8 de agosto de 2026, y al senador Flávio Bolsonaro (derecha), candidato del Partido Liberal (PL) a las elecciones presidenciales de Brasil, durante un acto en el que se anunció a Alfredo Gaspar como su compañero de fórmula a la vicepresidencia, en Brasilia, Brasil, el 5 de agosto de 2026.
Los datos de intención de voto publicados recientemente por la empresa Quaest muestran por primera vez a Flávio Bolsonaro por delante de Lula en un escenario de segunda vuelta: 42% frente a 40%, dentro del margen de error de dos puntos. A dos semanas de los comicios, en Brasil todo puede acontecer.