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Santiago de Chile, 18 oct (EFE).- A siete años del estallido social que desató la mayor crisis en Chile desde el retorno a la democracia, el país vive un clima de baja movilización y los expertos ven poco probable una ola de protestas de la magnitud de 2019, pese a que la mayoría de las demandas siguen vigentes y el descontento ciudadano crece.
Las imágenes que este fin de semana han conmocionado Francia recuerdan a lo que pasó en Chile el 18 de octubre de 2019, cuando el país considerado el "modelo de éxito" en América Latina se convulsionó por una subida en la tarifa del metro de 30 pesos chilenos (0,045 dólares de la época) y se sumergió en meses de protestas, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.
El estallido, que combinó episodios de violencia extrema con marchas pacíficas y multitudinarias en contra de la desigualdad y a favor de mayores derechos sociales, marcó un antes y un después en la historia reciente de Chile.
En los últimos años, sin embargo, la mirada sobre lo ocurrido se ha vuelto más crítica: según la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) publicada este sábado, el 64 % de los consultados considera que fue un hecho negativo para el país, siete puntos más que en 2024.
"Esperamos que no se vuelva a repetir nunca más", dijo esta semana el presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast.
El primer 18-O de Kast
Bajo el lema "Nos están quitando todo. Es la hora de levantarnos", organizaciones sociales y estudiantiles marcharán este domingo en Santiago y otras ciudades del país para conmemorar el estallido, pero también para protestar contra el alto costo de la vida, el desempleo y los millonarios recortes ordenados por el Gobierno ultraconservador.
Aunque no se prevé una convocatoria masiva, la jornada concita atención pues es el primer aniversario del 18-O bajo la Presidencia de Kast, quien ha criminalizado las protestas y siempre se ha referido a ellas como "estallido delictual".
"Hablar de 'estallido delictual' es una forma de negar que en la crisis de 2019 había un problema más complejo y también más trágico", dijo a EFE la subdirectora del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Josefina Araos.
Según Araos, "las grandes mayorías que apoyaron en 2019 las protestas hoy no están interesadas en ese tipo de expresión (violenta) de sus demandas", aunque en su opinión el malestar sigue "latente" debido al "empeoramiento del escenario económico y la agudización de la crisis de seguridad".
Un reciente sondeo de Criteria reveló que un 62 % de los encuestados considera que la situación económica del país está peor que hace seis meses, cuando asumió Kast, quien prometió reactivar la economía en campaña y cuya aprobación no para de caer en las encuestas.
Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales, coincide en que hay un descontento que no se expresa en las calles porque existe "agotamiento".
"La idea extendida entre la gente es que se protestó mucho, se gastó mucha energía y al final no pasó nada", apuntó a EFE.
"Hay percepción de demandas inconclusas"
Del estallido surgieron dos intentos para cambiar la actual Constitución, vigente desde el régimen militar, pero ambos -uno escrito por la extrema izquierda y otro por la ultradeA 7 años del estallido, el malestar persiste en Chile pero no hay pocas ganas de salir a marchar recha- naufragaron en las urnas.
La revuelta también remeció el panorama político: en marzo de 2022 llegó al poder una nueva generación de izquierdas, encabezada por el exdirigente estudiantil Gabriel Boric, quien cuatro años después le entregó la banda presidencial a Kast, el primer representante de la extrema derecha en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.
"Como el estallido se asocia solo con el proceso constituyente, existe la percepción de que hay demandas inconclusas", aseguró Fuentes.
Marco Moreno, decano de Economía, Gobierno y Comunicaciones Universidad Central, afirmó por su parte a EFE que "Chile ha avanzado en derechos laborales y protección social, pero persisten brechas importantes entre las expectativas ciudadanas y las respuestas institucionales".
Los dos procesos constitucionales fallidos, subrayó, "también modificaron la relación de la ciudadanía con la política".
El Gobierno espera que la manifestación de este domingo transcurra con normalidad, aunque anunció el despliegue de más de 3.000 efectivos de seguridad en Santiago.
Desde la ultraderecha, llevan meses empujando a Kast a que este domingo dé una señal y concrete su promesa de campaña de indultar a los policías condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido, pero el Ejecutivo ha evitado pronunciarse y no se espera ningún anuncio.
"La pregunta relevante -concluyó Moreno- no es si Chile volverá a vivir otro octubre, sino qué capacidad tiene hoy su sistema político para procesar el descontento".
(c) Agencia EFE