En México, la crisis de desapariciones se ha agravado: ONU

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- "Para muchas víctimas de este horrendo crimen, las Naciones Unidas y sus mecanismos de derechos humanos son la última esperanza de obtener respuestas, especialmente cuando los mecanismos nacionales de protección y justicia son insuficientes", advirtió Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al señalar que en México la crisis de desapariciones se ha agravado, la impunidad supera 98% y los servicios forenses acumulan 72 mil cuerpos sin identificar.

Durante un foro organizado por la American University, a través del Washington College of Law, el especialista sostuvo que el incremento de personas desaparecidas, las agresiones contra las madres buscadoras y la falta de resultados en las investigaciones llevaron al Comité a activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y remitir el caso mexicano a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Albán explicó que durante la visita del Comité a México en noviembre de 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumulaba poco más de 96 mil registros, mientras que en abril de 2025, cuando se decidió activar el procedimiento internacional, ya superaban los 131 mil.

Es decir, en aproximadamente cuatro años se incorporaron más de 36 mil personas desaparecidas al registro, mientras que los cuerpos sin identificar en poder de los servicios forenses pasaron de 52 mil a 72 mil.

A ello se suman, explicó, las agresiones, amenazas, hostigamientos y ataques directos contra las familias que buscan a sus desaparecidos, particularmente contra las madres.

"Para el momento en que tomamos la decisión en el mes de abril del 2025, ya el volumen de casos de ataques contra madres buscadoras era no solo preocupante, era gravísimo y las tasas de impunidad desde que nosotros estuvimos en noviembre del 2021 hasta que tomamos esa decisión se seguían manteniendo en más del 98 por ciento frente al delito de desaparición", afirmó.

El presidente del Comité reconoció que México ha aprobado leyes, creado comisiones de búsqueda, establecido fiscalías especializadas y destinado recursos para proteger a personas buscadoras amenazadas.

Sin embargo, sostuvo que estas medidas no han sido suficientes para contener la crisis.

"Era claro que la situación no había mejorado, sino que la situación se había agravado", manifestó.

Albán rechazó las críticas del gobierno mexicano a la decisión de activar el artículo 34 y recordó que antes de adoptar esa determinación el Comité recibió información oficial, escuchó a las autoridades y analizó las aportaciones de las organizaciones civiles.

"Nosotros tomamos la decisión también después de escuchar a México y esto es algo que no se ha dicho con la fuerza que debería decirlo el Estado mexicano, porque sigue quejándose de lo que resolvimos", expresó.

Subrayó que el Comité no tiene como finalidad respaldar a los gobiernos, sino garantizar el cumplimiento de la Convención y proteger los derechos de las víctimas.

"Nosotros no estamos allí para ser amigos, nosotros estamos ahí para velar por los intereses de las víctimas", puntualizó.

El experto explicó que el procedimiento del artículo 34 constituye el último escalón de los mecanismos de supervisión internacional previstos en la Convención y que su aplicación responde a los indicios fundados de desapariciones cometidas de manera generalizada o sistemática.

Recordó que la decisión se tomó después de varios años de seguimiento a México, incluida una visita al territorio nacional, el análisis de informes gubernamentales, observaciones del Comité y casi 800 acciones urgentes registradas hasta ese momento.

Al referirse a la respuesta gubernamental, señaló que la presión internacional ha comenzado a producir algunos resultados, entre ellos acuerdos de cooperación con Alemania, España, Países Bajos, el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

"Yo tengo dudas de si eso hubiera ocurrido si no hubiéramos generado la atención internacional a partir de la aplicación del artículo 34", comentó.

Sin embargo, aclaró que el Comité no suspenderá la supervisión de México y que ya solicitó información complementaria a las autoridades.

"Hasta que tengamos la verdad no vamos a parar", afirmó.

Albán puso en duda que las cifras gubernamentales sobre la localización de 16 mil personas sean suficientes para conocer los resultados reales de las búsquedas.

Explicó que, frente al reporte de 136 mil personas desaparecidas, se ha informado sobre esas localizaciones, pero todavía es necesario esclarecer las circunstancias de cada caso.

"Hay que saber quiénes son, cuándo las localizaron, si sus familias ya fueron informadas y demás", señaló.

De acuerdo con el especialista, aun tomando en cuenta las localizaciones reportadas, permanecerían alrededor de 120 mil personas desaparecidas, por lo que consideró que la magnitud del fenómeno está fuera de discusión.

También mencionó el hallazgo del Rancho Izaguirre como uno de los casos que, a juicio del Comité, muestran la gravedad de las desapariciones y la necesidad de investigar los patrones de actuación de las organizaciones involucradas.

El presidente del organismo expresó, además, su inconformidad por la falta de coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la elaboración de su informe sobre las desapariciones en México.

"Nosotros esperábamos que iba a haber un poquito más de coordinación, por lo menos con la Comisión Interamericana", manifestó.

Sostuvo que el Comité mantiene su disposición al diálogo con México y con los organismos regionales, pero consideró necesario establecer criterios comunes de cooperación y recomendaciones para atender la crisis.

En el mismo encuentro, Guadalupe Fernández Martínez, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUNDEC-FUNDEM), cuestionó la confiabilidad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La madre buscadora, quien busca desde enero de 2009 a su hijo, el ingeniero José Antonio Robledo Fernández, desaparecido en Monclova, Coahuila, explicó que una de las principales exigencias de las familias es que el registro contenga información veraz y actualizada.

"Una prioridad es la veracidad en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Es un registro en el que no hay confianza para revisarlo", expresó.

Relató que durante una revisión domiciliaria le preguntaron si ya había aparecido su hijo, pero los servidores públicos llevaban el nombre de su esposo, José Antonio Robledo Chavarría, en lugar del de José Antonio Robledo Fernández.

Pese a que aclaró la confusión, denunció que ambos nombres continuaban apareciendo en el registro.

"¿Cómo vamos a tener nosotros confianza en revisarlo? No son números, no son números confiables", cuestionó.

Michael Chamberlin, defensor de derechos humanos que ha acompañado a colectivos de familiares y al procedimiento del artículo 34, recordó que la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales y las fiscalías especializadas fue impulsada por la movilización de las familias.

Sin embargo, advirtió que la existencia de leyes e instituciones no ha garantizado resultados.

"Tenemos leyes, instituciones, protocolos, mecanismos y las cosas siguen empeorando", sostuvo.

El defensor cuestionó que las autoridades presenten como avances las modificaciones legales y administrativas cuando las familias siguen sin encontrar a sus desaparecidos.

"¿De qué me sirve la ley o de qué me sirve el registro si no está registrado bien mi hijo? ¿De qué me sirve la ley si no lo van a buscar?", expresó al exponer los cuestionamientos de los familiares.

Aseguró que las familias han agotado las vías de diálogo con las autoridades mexicanas y que, pese a las numerosas reuniones celebradas, las desapariciones y la impunidad persisten.

"Nos queda claro que a nivel interno está agotado el diálogo", afirmó.

Explicó que los colectivos decidieron recurrir a la presión internacional para conseguir que México adopte medidas de prevención, combata la impunidad y garantice el derecho a la verdad.

A su juicio, las organizaciones de familiares han sido determinantes para visibilizar las desapariciones y obligar a las instituciones nacionales e internacionales a reconocer la magnitud del problema.

Recordó que durante años las familias enfrentaron la criminalización de sus seres queridos y amenazas de quienes les pedían abandonar las búsquedas.

El defensor insistió en que las medidas anunciadas por el gobierno no pueden reducirse a reformas legales que carezcan de resultados concretos.

"No se logra nada con tantos diálogos con los colectivos y las cosas siguen igual", expresó.

Por su parte, Juan Méndez, exrelator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y profesor del Washington College of Law, sostuvo que el caso mexicano requiere especial atención debido a la magnitud de las desapariciones y los vínculos entre organizaciones criminales y agentes estatales.

Consideró que la intervención de la Asamblea General puede contribuir a identificar las medidas que funcionan y aquellas que no han permitido combatir la impunidad.

Méndez advirtió que los acuerdos de cooperación y los cambios institucionales deben evaluarse para evitar que se conviertan en acciones superficiales sin resultados.

"Habrá que ver la eficacia de esas medidas, habrá que ver incluso la buena fe con que se toman esas medidas, que no sean medidas cosméticas, sino que sean medidas que vayan al fondo de la cuestión", señaló.

El exrelator sostuvo que la prioridad debe ser romper el ciclo de impunidad que permite la repetición de las desapariciones.

En tanto, Albán reiteró que la cooperación internacional no elimina las responsabilidades del Estado mexicano y que el Comité continuará solicitando información, supervisando las investigaciones y promoviendo mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas y sus familias.